La justicia boliviana dio un giro clave en el caso Dida, el hecho de biocidio que conmocionó a Santa Cruz y generó repercusión a nivel nacional. Este lunes, el juez de la Sala Penal Primera revocó la detención domiciliaria de M. C. R., acusado por la muerte del cachorrito, y dispuso su detención preventiva por 60 días en el penal de Palmasola.
Apelación admitida y nueva valoración de pruebas
La medida fue adoptada luego de que se declarara admisible y procedente la apelación presentada por el Ministerio Público y la parte denunciante. El vocal Reynaldo Sánchez, encargado de revisar la decisión inicial, aplicó criterios de justicia imparcial y realizó una valoración exhaustiva de las pruebas contenidas en el cuaderno de investigaciones.
Esta revisión permitió revertir la determinación previa, estableciendo la detención preventiva mientras continúan las siguientes etapas del proceso judicial.
Un caso que movilizó a la ciudadanía
El caso de Dida despertó una fuerte indignación ciudadana, con manifestaciones, protestas y pronunciamientos de organizaciones de protección animal y ciudadanos comprometidos con la defensa de los derechos de los animales.
El seguimiento público del proceso y la presión social fueron factores relevantes para que la justicia reconsiderara la medida inicial, evidenciando el rol activo de la sociedad en la lucha contra el maltrato animal en Bolivia.
Pronunciamiento de la Fuerza Animalista de Bolivia
Durante la audiencia de apelación estuvo presente la abogada Ivette Flores, representante de la Fuerza Animalista de Bolivia, quien expresó su conformidad con la resolución judicial.
“Podemos decir que se ha hecho justicia. El ciudadano ha sido enviado a Palmasola después de que la apelación valorara correctamente las pruebas existentes en el cuaderno de investigaciones”, señaló.
Un precedente en la lucha contra el biocidio
Con esta decisión, el proceso continuará con el acusado bajo detención preventiva, mientras avanzan las instancias judiciales correspondientes por el delito de biocidio.
El caso Dida no solo representa un avance en este proceso específico, sino que se consolida como un precedente judicial y un símbolo de la lucha por la protección animal y la aplicación efectiva de la ley en Bolivia.
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