En Santa Cruz de la Sierra, la noticia del asesinato de una gata, ha generado una fuerte reacción en redes sociales y una exigencia colectiva de justicia. José Ayala, quien era el dueño de la mascota, golpeó a la gata hasta causarle la muerte, según denunciaron grupos de protección animal. Este acto, aparentemente motivado por la rotura de algunos objetos en el hogar, ha suscitado rechazo y dolor en la comunidad.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los animales han expresado su condena y pedido de acción inmediata a las autoridades. Fundaciones como Katze Comunidad Felina, Alianza Animal, Huesitos y Angelitos de Hedgar publicaron mensajes de repudio y urgencia en sus redes sociales, dirigidos a la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (POFOMA) y al Ministerio de Gobierno, instando a que se procese el caso bajo la Ley 700, normativa boliviana contra el maltrato animal.
En su comunicado, la Fundación Huesitos denunció públicamente a Ayala con un mensaje enérgico: “No hay justificación alguna para acabar con la vida de un ser vivo. BIOCIDA, vas a ir preso.” Mientras tanto, Katze Comunidad Felina y Alianza Animal se unieron al clamor con el mensaje “Biocidio en Santa Cruz. Exigimos justicia,” etiquetando a las principales autoridades nacionales encargadas de velar por el bienestar animal.
Por su parte, la Fundación Angelitos de Hedgar compartió un mensaje contundente: “Urgente. Nuevo biocidio en Santa Cruz. José Ayala le quitó la vida a Michita de manera cruel y confesa. Este sujeto es violento y peligroso para la sociedad”. En su mensaje, la fundación alerta sobre el posible riesgo que podría representar para otras personas y pide a las autoridades actuar con celeridad.
Los mensajes de estas organizaciones reflejan la creciente indignación social ante los casos de maltrato animal, y la urgencia de justicia expresada por una comunidad que exige el cumplimiento de la Ley 700 y la protección de todos los seres vivos en Bolivia. La participación de instituciones y organizaciones, junto al llamado de los ciudadanos, busca que la muerte de la gatita no quede impune y que el responsable enfrente las consecuencias conforme a la ley.
